Los uniformes oficiales inundan los mercados negros de Venezuela

Un sorprendente número de uniformes de las fuerzas de seguridad están apareciendo en los mercados ilícitos de Venezuela, convirtiéndose en el atuendo preferido de los delincuentes para cometer delitos, compitiendo con funcionarios que habitualmente cometen abusos mientras están de servicio.

A finales de octubre, las autoridades abrieron una investigación contra varios vendedores que vendían ilegalmente uniformes pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el centro comercial Gran Bazar, en el estado occidental de Zulia. En los últimos años, delincuentes han utilizado uniformes del CICPC para llevar a cabo actividades de extorsión, robo y tráfico de armas.

“Aparece un punto de control a media noche, ¿cómo te paras sin saber si son funcionarios de verdad o que compraron estás prendas?”, se lee en un comentario bajo la publicación de Instagram del director del CICPC anunciando los resultados de la operación en Zulia.

Este modus operandi va mucho más allá del estado Zulia o del CICPC. Un análisis del monitoreo de noticias de Venezuela realizado por InSight Crime en los últimos cuatro años arrojó 50 casos de delincuentes que se hicieron pasar por autoridades locales y nacionales en 14 estados del país.

Los criminales venezolanos, entre ellos algunas de las bandas más peligrosas del país, han utilizado esta táctica para cometer extorsiones, secuestros, robos, asesinatos y traficar armas y drogas. Una redada del CICPC en junio de 2022 desmanteló un grupo dedicado a la venta ilegal de uniformes militares a bandas del infame barrio de la Cota 905 de Caracas, antaño hogar de la banda del Koki y ahora de sus descendientes.

Otros ejemplos notables son la banda de extorsión de Adriancito, en Zulia, y Josué Ángel Santana, alias «El Santanita«, uno de los principales lugartenientes del Tren de Aragua, cuyos integrantes han sido sorprendidos haciéndose pasar por policías en varias ocasiones.

En muchos casos, los propios agentes de seguridad corruptos proporcionan uniformes a los delincuentes a cambio de un pago o como parte de una alianza criminal. En otros, los vendedores roban los uniformes para venderlos a los delincuentes o fabrican réplicas casi idénticas.